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fuente:www.diariodeburgos.es
El Ministerio firmó en 2006 un convenio en el que se aumentaba la cantidad de viviendas a levantar allí a cambio de la mitad fueran protegidas. Ahora solicita que se queden en un 30%
Patricia R. Briongos/ Burgos
El Ministerio de Defensa ha vuelto a demostrar que, al menos en Burgos, toda su política urbanística está condicionada por la obtención de beneficios económicos. El último capítulo de esta ya larga historia lo ha escrito hace escasos días cuando ha pedido formalmente en el Ayuntamiento que se rebaje el porcentaje mínimo de viviendas protegidas que se pueden construir en el Parque de Artillería. Esta solicitud no tendría nada de particular si no fuera porque el Ejército consiguió aumentar el número de pisos a levantar en esa parcela a cambio de que la mitad de ellos tuvieran algún tipo de protección oficial. Ahora, sin embargo, plantea que el porcentaje mínimo se sitúe en el 30 por ciento «lo que no impediría desarrollar uno más alto, pero entendiendo que esta potestad discrecional, al implicar una depreciación económica, debe quedar a opción del Ministerio de Defensa», especifica el escrito de alegaciones presentado en el Ayuntamiento.Toda la operación urbanística para convertir en suelo residencial las traseras del acuartelamiento Diego Porcelos descansa en el convenio firmado en 1995 entre Defensa y el Ayuntamiento por el cual el ministerio consiguió sustanciosos aprovechamientos urbanísticos (con la recalificación del parque de Artillería, el 2 de mayo y los chalés de Aviación), a cambio de ceder el antiguo aeródromo militar de Villafría, unas instalaciones destartaladas y en desuso, donde se construyó el aeropuerto de gestión mixta.La presión ciudadana obligó una década después a renegociar ese convenio en el último punto que quedaba por cumplir, el del parque de Artillería, después de que el Ejército se embolsara 55 millones de euros por la venta de los otros dos solares recalificados. Las protestas coincidieron en el tiempo con la firma de convenios del Ministerio de Defensa con otras ciudades como Madrid, San Sebastián, Guadalajara o Albacete que no resistían la más mínima comparación desde el punto de vista económico con lo abonado por la capital burgalesa. Fruto de las conversaciones entre Ministerio y Ayuntamiento, José Bono (el entonces titular de Defensa) y Juan Carlos Aparicio anunciaron un acuerdo en junio de 2005: el número de viviendas que se podían construir allí aumentaba de 305 a 342 siempre con el compromiso de que la mitad de la superficie residencial edificable se destinase a VPO. Ambas partes firmaron en septiembre de 2006 el acuerdo definitivo por el que, además de los bloques de viviendas, la transformación del viejo acuartelamiento traerá aparejada la habilitación de 13.300 metros cuadrados de espacios libres y más de 22.000 de equipamientos de diversa índole, además de la apertura del vial de Santa Barbara hasta la calle Vitoria, una obra ya ejecutada.Ha sido ahora, en el periodo de información pública de la modificación puntual del PGOU necesaria para llevar a cabo dicha operación urbanística, cuando el Ministerio de Defensa ha puesto peros a los firmado en su día. «Debe tenerse en cuenta que ya el 30 por ciento mínimo de VPO supone un importante decremento económico respecto a las previsiones del anterior Plan General, donde toda la edificabilidad se preveía en vivienda libre», se indica en el escrito de alegaciones remitido a la administración local.El documento firmado por el subdirector general de Infraestructuras de Defensa solicita también dos correcciones de índole menor: que se determine si el porcentaje de reserva se refiere al número de viviendas o a la superficie residencia edificable y que se corrija una errata referente a la superficie para espacios públicos.
El Ministerio de Defensa ha vuelto a demostrar que, al menos en Burgos, toda su política urbanística está condicionada por la obtención de beneficios económicos. El último capítulo de esta ya larga historia lo ha escrito hace escasos días cuando ha pedido formalmente en el Ayuntamiento que se rebaje el porcentaje mínimo de viviendas protegidas que se pueden construir en el Parque de Artillería. Esta solicitud no tendría nada de particular si no fuera porque el Ejército consiguió aumentar el número de pisos a levantar en esa parcela a cambio de que la mitad de ellos tuvieran algún tipo de protección oficial. Ahora, sin embargo, plantea que el porcentaje mínimo se sitúe en el 30 por ciento «lo que no impediría desarrollar uno más alto, pero entendiendo que esta potestad discrecional, al implicar una depreciación económica, debe quedar a opción del Ministerio de Defensa», especifica el escrito de alegaciones presentado en el Ayuntamiento.Toda la operación urbanística para convertir en suelo residencial las traseras del acuartelamiento Diego Porcelos descansa en el convenio firmado en 1995 entre Defensa y el Ayuntamiento por el cual el ministerio consiguió sustanciosos aprovechamientos urbanísticos (con la recalificación del parque de Artillería, el 2 de mayo y los chalés de Aviación), a cambio de ceder el antiguo aeródromo militar de Villafría, unas instalaciones destartaladas y en desuso, donde se construyó el aeropuerto de gestión mixta.La presión ciudadana obligó una década después a renegociar ese convenio en el último punto que quedaba por cumplir, el del parque de Artillería, después de que el Ejército se embolsara 55 millones de euros por la venta de los otros dos solares recalificados. Las protestas coincidieron en el tiempo con la firma de convenios del Ministerio de Defensa con otras ciudades como Madrid, San Sebastián, Guadalajara o Albacete que no resistían la más mínima comparación desde el punto de vista económico con lo abonado por la capital burgalesa. Fruto de las conversaciones entre Ministerio y Ayuntamiento, José Bono (el entonces titular de Defensa) y Juan Carlos Aparicio anunciaron un acuerdo en junio de 2005: el número de viviendas que se podían construir allí aumentaba de 305 a 342 siempre con el compromiso de que la mitad de la superficie residencial edificable se destinase a VPO. Ambas partes firmaron en septiembre de 2006 el acuerdo definitivo por el que, además de los bloques de viviendas, la transformación del viejo acuartelamiento traerá aparejada la habilitación de 13.300 metros cuadrados de espacios libres y más de 22.000 de equipamientos de diversa índole, además de la apertura del vial de Santa Barbara hasta la calle Vitoria, una obra ya ejecutada.Ha sido ahora, en el periodo de información pública de la modificación puntual del PGOU necesaria para llevar a cabo dicha operación urbanística, cuando el Ministerio de Defensa ha puesto peros a los firmado en su día. «Debe tenerse en cuenta que ya el 30 por ciento mínimo de VPO supone un importante decremento económico respecto a las previsiones del anterior Plan General, donde toda la edificabilidad se preveía en vivienda libre», se indica en el escrito de alegaciones remitido a la administración local.El documento firmado por el subdirector general de Infraestructuras de Defensa solicita también dos correcciones de índole menor: que se determine si el porcentaje de reserva se refiere al número de viviendas o a la superficie residencia edificable y que se corrija una errata referente a la superficie para espacios públicos.
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