Incumplir el decreto del estado de alarma sale caro y el precio a pagar por semejante temeridad e insolidaridad se incrementa en función del riesgo que supone para el resto de la sociedad. En sus denuncias, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado relatan las circunstancias en las que han detectado a una persona en la calle y, según y cómo se hayan producido, es la Subdelegación del Gobierno la que decide la cuantía de la sanción. Esta semana, el Ministerio del Interior remitió al representante estatal en la provincia un documento en el que se establece un baremo y un modelo de resolución para poder resolver esas multas, así como sus condiciones de pago y de alegación en caso de disconformidad.
La administración que dirige Fernando Grande Marlaska reconoce que el incumplimiento de las medidas de confinamiento se está produciendo con «frecuencia». Si nos atenemos a los datos que han trascendido hasta el momento en la provincia de Burgos, los efectivos de los cuerpos policiales han sancionado en el último mes a más de 3.000 personas y detenido a una treintena. Estas conductas infringen el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad y Protección Ciudadana, que las considera graves por ser una desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones.diario de Burgos.
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