Deuda.

 El Ayuntamiento de Burgos deberá abonar a tres hermanas más de 9 millones de euros (9.197.292,37), así como los intereses devengados por esta cantidad desde abril de 2018, por la expropiación de una parcela de su propiedad ubicada en la calle Manuel Altolaguirre, 3-5, junto al colegio público Juan de Vallejo y al aparcamiento disuasorio de Gamonal. 

Así lo falla la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) que estima parcialmente el recurso presentado por estas particulares. El Alto Tribunal desestima, a la vez, el recurso del Ayuntamiento contra la Comisión Territorial de Valoración (CTV) de la Junta de Castilla y León, que fija el justiprecio de este suelo objeto de la demanda.La sentencia, que se ha dado a conocer recientemente a las partes, tiene en cuenta el criterio que marca la Comisión Territorial de Valoración para fijar la cuantía que corresponde percibir a la parte demandante, en lugar de la valoración de los técnicos municipales que establecían una cantidad de 2.353.327 euros. Los servicios jurídicos municipales tendrán que valorar si presentan recurso de casación al Tribunal Supremo.Por su parte, las propietarias de este suelo urbano consolidado, que tiene una extensión de algo más de 6.000 metros cuadrados, reclamaban al Ayuntamiento el pago de 13.454.984,05 más sus intereses legales en un recurso que presentaron ante la Sala en febrero de 2019.

El suelo objeto de este recurso fue calificado como suelo urbano consolidado con uso dotacional público en el Plan General de 1999 y el PGOU de 2014  mantuvo el citado suelo como suelo urbano consolidado, destinado a uso dotacional público, con la intención de destinar una parte, en un actuación aislada de expropiación, a la ampliación del Colegio Público Juan de Vallejo y la otra parte como espacios libres y franja de red viaria, en la actuación aislada de expropiación 47.06.El asunto se remonta al 31 de julio de 2017 cuando las dueñas del solar ubicado en la calle Manuel Altolaguirre, en la Unidad Urbana Inmaculada Norte, solicitan ante el Ayuntamiento la iniciación de un expediente de expropiación y justiprecio «por el ministerio de la Ley» de una parcela de 6.424 metros cuadrados. Más tarde en abril de 2018 advierten de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio y acabaron acudiendo al Comité Territorial de Valoración.

El Ayuntamiento trató de alegar la concurrencia de defecto en el inicio del expediente de determinación del justiprecio para solicitar la nulidad de pleno derecho o subsidiariamente de anulabilidad de la resolución, cuestión que no acepta el TSJ como indica en la sentencia.

Además, recuerda a la administración local que «durante 18 años no ha iniciado el procedimiento de expropiación para obtener el terreno de autos, cuando dicho suelo ya en el año 1999 fue calificado como suelo dotacional público».

La Sala rechaza también el argumento esgrimido por el Ayuntamiento por el cual valora el justiprecio en 2.353.327 euros, mientras que sí atiende «por ser ajustado a derecho, el criterio acogido por la CTV de Burgos» que establece un valor unitario del suelo de 1.363,53 por metro cuadrado, que multiplicado por la superficie expropiada de 6.424, más 5% de premio de afección arroja un justiprecio por el importe total de 9.197.292,37 euros.EL CORREO DE BURGOS.