Los ejecutores de enganches ilegales al fluido eléctrico solo buscan una cosa, ahorrarse unos buenos euros en la factura mensual. En algunos casos se trata de personas que pasan por un mal momento económico; otros son simplemente defraudadores ‘profesionales’ capaces de manipular un contador, conectarse a la red pública o ‘chupar’ energía de sus vecinos. Pero esta práctica, tipificada como delito en el Código Penal, entraña un sinnúmero de peligros, desde el riesgo de electrocución durante las maniobras para llevar a cabo el empalme hasta el peligro de provocar un incendio, pues se disparan las posibilidades de que se produzca un cortocircuito. De ahí, que las compañías eléctricas estén intensificando el control de este tipo de actuaciones delictivas, que el año pasado subieron como la espuma en la provincia de Burgos.
Según los datos aportados por Iberdrola, durante el pasado año se detectaron en Burgos 1.340 fraudes por conexión ilegal al fluido eléctrico tras llevar a cabo un total de 6.540 inspecciones, con lo que lograron recuperar 2.900 megavatios a la hora. El número de defraudaciones representa un incremento del 40% respecto a las registradas durante el año 2019, un aumento porcentual superior al que ha tenido lugar en el conjunto de Castilla y León, donde la cifra de enganches abortados fue de 6.480, un 18% más que en el año precedente.DB
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