Con más de 17.000 perros censados en Burgos, la Unidad de Policía Administrativa (UPAD) se multiplica para controlar cada aspecto que rodea al cuidado de los animales y el cumplimiento de la ordenanza. El cuerpo municipal desarrolla una labor especial de seguimiento en la vía pública dos veces por semana, una tarea complementada con las intervenciones de oficio y con la activa participación ciudadana.
A las infracciones cotidianas y leves se unen las mordeduras de los canes. La labor de seguimiento es exhaustiva y la Policía Local detecta un mayor control de los dueños con el paso de los años, a pesar de que los datos reflejan que se tramitó una denuncia cada cinco días relacionadas con este tipo de ataques.«Hubo un tiempo que estaba desmadrado», reconoce el subinspector jefe del departamento, Carlos Jiménez.
En total, fueron 76 los informes tramitados por la Policía Local por mordeduras, ya fueran entre perros o a personas. En ambas circunstancias la Junta de Castilla y León se encarga de tramitar los expedientes, que se unen a la denuncia formulada por la Policía Local por las infracciones cometidas.
«Las mordeduras o ataques de perros no son habituales y el número registrado cada año es constante», aclara el subinspector Jiménez, quien insiste en que el escenario actual es muy diferente al encontrado en el pasado no tan lejano. Las sanciones estipuladas en la normativa regional en los casos leves oscila entre los 150 y 600 euros, en función del prejuicio causado a un menor, a un adulto o a otro animal.
Mientras, a la espera de que la próxima Ley de Protección Animal defina la nueva situación de los conocidos ahora como perros potencialmente peligrosos, el cuerpo municipal destaca el correcto desempeño de los dueños de animales de raza pit bull, staffordshire bull, american staffordshire, rottweiler, dogo argentino y de burdeos, fila brasileiro, tosa inu, akita inu, presa canario, mastín napolitano o bull mastiff.
«Cuando empezamos a trabajar con los perros potencialmente peligrosos había un incumplimiento muy grande de la normativa y ahora el porcentaje de propietarios que cumple con el reglamento supera el 90%», señala el subinspector, si bien en 2022 se intervino en 33 casos con este tipo de perros, ya fuera por estar sueltos, sin bozal o por mordeduras a otros canes. «En su momento conocimos ataques graves y con esas cosas somos inflexibles, pero la situación cambió hace tiempo», aclara.
La normativa de la Junta de Castilla y León destaca la obligación de que estos perros lleven bozal y cadena. El incumplimiento de estas medidas preventivas está considerado como grave y la multa tiene una horquilla entre los 300 y los 2.400 euros. Las imprudencias ya señaladas y el daño causado por la mordedura influyen en la sanción definitiva.
Los controles rutinarios se completan con las actuaciones policiales de oficio y con los requerimientos ciudadanos que llegan a través de distintos canales, como el 010.Solo en 2022 la Policía Local intervino en 322 ocasiones y en el comienzo de año se ha producido un incremento del 23% en este tipo de actuaciones al sumar 49 acciones en la vía pública.
La mayor concienciación social provoca que los requerimientos ciudadanos aumenten tanto en situaciones de desamparo de los perros como en las de incumplimiento de la normativa, aunque seis de las denuncias tramitadas están en vía judicial.DB
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