La provincia de Burgos cerraba 2023 con 5.819 accidentes laborales, bien durante la jornada, bien en el desplazamiento de ida o vuelta entre el domicilio y el puesto de trabajo. Esta abultada cifra supone un goteo diario de catorce casos y un incremento respecto al total del año anterior de casi medio millar.
Lejos, pues, de atajarse la tendencia al alza de la siniestralidad laboral desatada tras la pandemia la curva creciente se pronuncia ejercicio tras ejercicio. Este aumento reciente del 8% en comparación con los 5.351 accidentes registrados en 2022 agrava la preocupación de los sindicatos y, por extensión, aviva sus reivindicaciones de reforzar las inspecciones en los centros de trabajo.«Los datos son cada vez peores. A tenor de las cifras está claro que en los últimos años nos hemos relajado todos, desde los propios trabajadores, hasta los delegados, las empresas y las administraciones, que son las responsables de velar por la salud laboral», indica el secretario provincial de UGT, Pablo Dionisio Fraile, para lamentar que en los primeros meses de 2024 la situación no mejora.
La estadística lo constata. Enero y febrero suman 938 accidentes, lo que, de mantenerse el ritmo, elevará el total de nuevo muy por encima de los 5.000.
En vista de los números -que ofrecen similar panorama en el conjunto de la Comunidad, con un aumento anual del 6%, hasta los 29.138 siniestros-, Fraile asegura no comprender cómo la Junta de Castilla y León puede sacar pecho del impacto de sus políticas en este ámbito.
Lo hacía, de hecho, recientemente el vicepresidente del Gobierno regional, Juan García-Gallardo, que vinculaba al incremento de la inversión efectuada en prevención de riesgos laborales desde 2021, de 5 a 17 millones, el descenso de los fallecidos por accidente de trabajo en el mismo periodo: de 10 a 9 en el caso de la provincia de Burgos.
En el conjunto de Castilla y León, sin embargo, la suma de los muertos por incidentes en jornada e in itinere no arroja disminución alguna, al pasar de 50 en 2021 a 55 en 2022 y 51 en el último ejercicio completo, al menos según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en su página web.
Sea como fuere, para el responsable provincial de UGT «no hay nada que celebrar» y cree que extraer solo un dato del conjunto es engañoso, máxime cuando el total «tristemente» crece sin parar.
Si bien Fraile da la bienvenida a toda inversión que se realice en favor de la salud laboral, incide en que de poco sirven ayudas como las anunciadas esta semana para mejorar equipos y centros de trabajo si no hay nadie que vigile el uso adecuado de los materiales o sancione a quien no lo haga.
«Lo que no puede ser es que no haya suficientes inspectores, como ocurre en Burgos, para supervisar que se cumplen las normas de prevención de riesgos. Solo con más personal que acuda a las empresas, en colaboración con los delegados sindicales, y obligue a cuidar las medidas de seguridad y con más mecanismos para penalizar los incumplimientos podremos acabar con esta lacra que son los accidentes de trabajo», concluye.
Llama además a ampliar el foco y detenerse, además de en los fallecimientos, en los casos graves, que si bien, en Burgos, descendían notablemente en 2023, con 30 frente a los 49 del 2022, suponen un 20 por ciento más que los 23 registrados en 2021, sin ir más lejos. Pocas razones por tanto para echar las campanas al vuelo. Idéntico movimiento realiza el total regional, que se disparaba hace dos años de los 194 de 2021 hasta los 240 del año 2022, para bajar a 223 en el último ejercicio.
Con todo, el grueso de los accidentes registrados es de carácter leve. Cabe recordar que, en términos generales, forman parte de este grupo aquellos en los que no se prevé que las lesiones producidas dejen ningún tipo de secuela, con independencia del tiempo de duración de la baja. Los graves, por su parte, serían aquellos cuyos efectos se mantendrán tras la recuperación, llegando a ser incluso incapacitantes.
De los 5.819 siniestros laborales de 2023, 5.329 ocurrieron durante la jornada y de ellos 5.296 fueron leves, 26 resultaron graves y los 7 restantes, mortales. En 490 casos el suceso tuvo lugar en el traslado previo o posterior al desempeño del trabajo, 484 leves, 4 graves y 2 mortales. La estadística deja claro que los accidentes se ceban con los empleados por cuenta ajena, siendo las víctimas en 5.373 casos.
La estadística también precisa por provincias la actividad económica a la que está vinculado el trabajador que padecía el accidente.
Así, en Burgos, la industria manufacturera se lleva la palma, con 1.664 incidencias de este tipo acumuladas el año pasado, 200 más que en 2022. El peso del sector en la economía burgalesa puede motivar tal circunstancia.
Le siguen, de lejos, el comercio y la construcción. El primero sumaba 679 en 2023 y la segunda 653. Daban la vuelta a un ‘marcador’ que el año anterior aupaba a las obras al segundo puesto con 678 siniestros, dejando los 629 de las tiendas en tercer lugar.
Las actividades administrativas y de servicios auxiliares alcanzaban los 540 accidentes, más de cien más que en 2022, mientras que las vinculadas con la sanidad y los servicios sociales sumaban 401. Por encima de los 300 se encuentran también la hostelería (343) y el transporte y almacenaje (313).
La agricultura, ganadería y pesca aglutina 217 casos y 121 la administración pública, rebajando las actividades restantes el centenar.
Índice de incidencia
El Ministerio de Trabajo también ofrece el índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja exclusivamente en jornada de cada provincia. Se trata de un dato que representa el número de siniestros acaecidos por cada cien mil trabajadores expuestos al riesgo.
En Burgos, lejos de descender, por aquello de que en 2023 crecía el número de afiliados a la Seguridad Social, cifra que se toma de referencia para el cálculo, hasta los 147.283, este índice aumentaba de 3.388 en 2022 a 4.019 el año pasado. El relativo en particular a los accidentes de carácter mortal sí se reducía, de 5,5 a 3,2.EL CORREO DE BURGOS
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