El crecimiento desmedido de los alquileres turísticos en España, en un contexto de cifras turísticas récord y un notable aumento en los precios de la vivienda, se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Gobierno, que ha propuesto modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan limitar el número de alojamientos de este tipo en sus edificios, algo que, a día de hoy, no se puede llevar acabo, advierten desde Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres.
Según explica su CEO, Mercedes Blanco, si hay una licencia de uso turística otorgada y una actividad en ejercicio, las comunidades de vecinos no pueden hacer nada salvo que hubiera sido prohibida dicha actividad con anterioridad.La miembro de la comisión de vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona y del comité de dirección de Fincas Blanco recuerda que, aquellos pisos turísticos que estuvieran en la comunidad de vecinos previa prohibición de estos podrían revocar su licencia turística "si las normas de la comunidad así lo permiten y se aprueba en la junta de propietarios".
Para ello, Blanco explica que tendría que proponer y aprobar una modificación de los estatutos en la junta de propietarios con la mayoría necesaria según la Ley de Propiedad Horizontal. "Si existe mayoría se podría acordar mediante la modificación de los estatutos de la comunidad de propietarios tanto prohibir como restringir el número los pisos turísticos", añade la experta.
Regulaciones inmediatasEntre las principales medidas propuestas por el Ministerio de Vivienda para controlar el crecimiento de los alquileres turísticos se ha designado transponer una directiva europea que obliga a los Estados Miembros a monitorizar el sector, y que debe estar implementada para 2026. La ministra Isabel Rodríguez ha anunciado que la plataforma para esta monitorización estará lista a finales de 2025, permitiendo a los ayuntamientos tomar decisiones basadas en la información proporcionada por las plataformas de alquiler turístico.
"Será cada vez más habitual por ver cómo, además de las acciones por parte del Gobierno Central, desde los Ayuntamientos se proponen regulaciones más estrictas, incluyendo mayores requisitos de registro y cumplimiento de las normativas de seguridad y habitabilidad", explica Mercedes Blanco, quien apunta que las principales capitales de España como Barcelona, Madrid o Valencia ya se han aventurado a imponer estas medidas.
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