La Junta de Gobierno ha dado inicio a dos procedimientos en relación con dos obras que están trayendo de cabeza al equipo del bipartito de PSOE y Ciudadanos, pero que también tienen en vilo a los vecinos de los barrios de Fuentecillas y de Gamonal. Por un lado, se ha acordado comenzar los pasos para la resolución del contrato de las obras del Centro Cívico de Fuentecillas «por incumplimiento culpable» de las empresas contratistas, la UTE Construcciones y Obras Llorente y Gedesbur, seguido de la revisión de los precios del proyecto para volver a licitar la ejecución de la construcción. Y, por otro, se inicia el procedimiento para declarar la lesividad del acto de recepción de las obras de la plaza de Santiago, un acto que se produjo hace justo un año. En el caso concreto de la dotación social para los barrios de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas, el Ayuntamiento hizo un requerimiento a las empresas para que iniciasen la obra antes del 5 de septiembre, una circunstancia que nunca se produjo. La empresa tendrá 10 días para presentar las alegaciones y si las hubiera se contestarán, como indicaba la viceportavoz del equipo de Gobierno, Nuria Barrio, que precisaba que las obras tendrán que volver a salir a concurso porque no existe la opción, una vez adjudicado el contrato, de que la empresa que quedó segunda pueda hacerse cargo.
El procedimiento de incumplimiento culpable puede conllevar la incautación de la garantía depositada por la UTE, se pueden solicitar daños y perjuicios e incluso se podría iniciar el procedimiento para que se le imponga a la empresa la prohibición de contratar futuras obras con el Ayuntamiento de Burgos.El contrato se adjudicó en diciembre del 2021 y se firmó en enero de 2022 sin que la obras se hayan si quiera iniciado durante todos estos meses. El alcalde, Daniel de la Rosa, ya ha explicado en varias ocasiones que la empresa había solicitado revisar precios de los materiales de obra, como consecuencia de la crisis de los precios y las dificultades de acceder a diversos materiales respecto al contrato inicial, pero señaló que «el margen de maniobra en la revisión de precios está en el real decreto» aprobado en marzo por el Gobierno. Al parecer las adjudicatarias solicitaron ir mas allá puesto que el alcalde reconoció: «no podemos ceder a las presiones para intentar justificar lo que ellos tenían que asumir en la firma del contrato».
En relación con la renovación de la plaza de Santiago para dar cumplimiento a la sentencia que requería el arreglo de las goteras en el aparcamiento subterráneo, el equipo de Gobierno ha dado este paso de declarar lesiva la recepción de las obras que se realizaron durante 2020 y 2021 por la empresa Construcciones Ortega, el objetivo es proteger «el interés general y a los vecinos afectados».EL CORREO DE BURGOS.
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