98 calles, una gran mayoría peatonales, están incluidas en el perímetro que delimita la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que propone el bipartito del PP y Vox y que se recoge en la ordenanza que acaba de aprobarse en la Junta de Gobierno.
El acuerdo que han alcanzado los socios de Gobierno plantea ampliar la moratoria para comenzar con las sanciones de 6 a 18 meses, mientras que el perímetro no se reduce con respecto al presentado hace unas semanas por el concejal de Movilidad, José Antonio López, a pesar de que ha sido objeto de negociación.Según ha informado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, se han establecido unas excepciones dentro del perímetro en las calles Fernán González, desde calle Francisco Salinas hasta Doña Jimena, y en la calle Francisco Salinas, desde el paseo de los Cubos hasta Santa Águeda.
En el conjunto de las vías, las restricciones para circular o aparcar se establecerán para aquellos vehículos más contaminantes que no puedan obtener la pegatina de la Dirección General de Tráfico (DGT). La etiqueta ambiental mínima exigida será la ‘B’, para circular por la denominada ‘almendra central’ que incluye turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. La nueva ordenanza de Zona de Bajas Emisiones se someterá a votación en el Consejo de Administración del Servicio de Movilidad y Transportes, para después debatirse en el Pleno extraordinario de este lunes, 29 de abril. Los votos de PP y Vox bastarán para aprobar inicialmente el texto y así comenzar con un periodo de información pública en el que los colectivos interesados podrán presentar alegaciones.
Como indica Ballesteros, el tiempo apremia porque la ZBE debe estar implementada antes del 31 de diciembre de 2024 y queda por decidir varias cuestiones antes de que se realicen las obras vinculadas al proyecto que consistirían en instalar los sistemas de vigilancia y control de tráfico.
A pesar de que la entrada en vigor está pensada para el 1 de enero de 2025, para cumplir con la normativa de la Ley de Cambio Climático y Transformación Energética, lo cierto es que con la moratoria para imponer sanciones, el horizonte temporal se aplaza hasta mediados de 2026.
Ballesteros considera que ni el tiempo de margen para multar, ni la reducción de la extensión de la Zona de Bajas Emisiones con respecto al proyecto presentado el pasado mandato, con PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento, pondrán en peligro los fondos europeos que la ciudad de Burgos tiene asignados para esta iniciativa, 2,6 millones de euros.EL CORREO DE BURGOS.-
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